EL VOCERO / Archivo

García Padilla luce estar atascado en el denso pantano de los discursos y la tónica populista de su campaña electoral, por un lado, y las obligaciones concretas de su cargo, en el contexto de la realidad presente de la isla, por el otro.Mientras resbala en esa ciénaga de poses asumidas, y responsabilidades ineludibles, está a merced de los predadores de su propio partido, los cuales aspiran a ocupar su puesto en el futuro, a pesar de que padecen del mismo mal: no tienen idea alguna de cómo manejar la crisis definitiva del modelo colonial de «gobernanza», el desplome del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Ante estas señales, políticamente escalofriantes, es pertinente examinar, tanto las condiciones, así como las fuerzas y jugadas políticas, que hicieron posible la elección del señor García Padilla como gobernador.

Se ha señalado con insistencia que gran parte de la militancia «dura» del PNP, la cual apoyó a Pedro Rosselló en las primarias del 2008, no acudió a las urnas en el 2012 con el propósito de restarle votos, al entonces gobernador, Luis Fortuño.

A lo anterior se sumó el rechazo, de un sector del electorado, a las necesarias medidas de ajuste fiscal que este último se vio obligado a tomar, ante el grave déficit presupuestario gubernamental, y las advertencias de las agencias clasificadoras referentes a la asignación de un rango de alto riesgo («chatarra») a los bonos emitidos por el gobierno isleño, las corporaciones públicas y los municipios.

Por otro lado, García Padilla se agenció el respaldo electoral de sectores del nacionalismo (léase, si desea, «independentismo»), y de una mal llamada «izquierda» (provinciana y estancada en el pasado) haciendo uso de una retórica de ataques viscerales, dirigidos al gobernador Fortuño, sobre las medidas fiscales y presupuestarias adoptadas por éste, y un discurso populista basado en el neonacionalismo boricua. 

Un nacionalismo «light», como lo llamara el profesor Carlos Pabón Ortega en su importante libro «Nación Postmortem«, y que además fuera objeto de reflexión, como “nación del espectáculo”, por el profesor Arturo Torrecilla en su intenso trabajo “La ansiedad de ser puertorriqueño”, el primero publicado en el año 2002 y el segundo en el 2004.

En un «deja vu» existencial e histórico de la política isleña y colonial, estos sectores esgrimieron el argumento nuevamente de que debía ejercerse un «voto útil» a favor del PPD, y que la prioridad era «sacar a Fortuño». Es decir, arguyeron e hicieron exactamente lo mismo que en 1980 y 1984 cuando favorecieron al conservador y enredador Rafael Hernández Colón; lo mismo que en el 1992, cuando apoyaron con desesperación a la senadora Victoria Muñoz; lo mismo que en el 1996, cuando cerraron filas con el abogado y guardia nacional del Ejército de los Estados Unidos, Hector Luis Acevedo; lo mismo que en el año 2000, cuando respaldaron a Sila Calderón, una clara representante de la oligarquía criolla; lo mismo que en el 2004, cuando le dieron su voto a Aníbal Acevedo Vilá, un truculento abogado dedicado a la política prácticamente desde que se licenció para el ejercicio de su profesión; lo mismo que en el 2008, cuando optaron por ser parte nuevamente de las huestes que, —a pesar de que era evidente que Acevedo Vilá había violado, desde los comicios del año 2000, las leyes electorales de Puerto Rico y Estados Unidos—, votarían a favor de aquél contra Luis Fortuño, quien, a su vez, le propinó una derrota aplastante; y finalmente hicieron lo mismo cuando en el 2012 respaldaron a García Padilla frente a este último, contribuyendo a una pírrica victoria del actual gobernador con una escuálida ventaja de 11, 285 votos.

El «voto útil», por otra parte, ha terminado apoyando la condición colonial de la Isla a través del respaldo al PPD con miras a “detener la estadidad”. Este argumento surgió en los años ’80 del siglo pasado, a raíz del llamado que hiciera el Partido Socialista Puertorriqueño, bajo el liderato de Juan Mari Bras y Carlos Gallisá Bisbal, a votar para detener una presunta “conspiración anexionista”, lo cual conllevaba necesariamente —sin que se expresara directamente— respaldar la candidatura de Rafael Hernández Colón (del PPD) para gobernador. A partir de ese momento comenzó el tránsito de un amplio sector del independentismo al PPD, y el debilitamiento de todas las organizaciones independentistas.

El «voto útil», además, ha tenido el efecto de apoyar a la oligarquía colonialista que controla la isla, y que evita a toda costa los impuestos del sistema contributivo federal de los Estados Unidos, el cual se implantaría en Puerto Rico, si éste fuera un estado, con plenos derechos y responsabilidades. Esta oligarquía  es consciente, a su vez, de la inestabilidad, la ausencia de recursos, y las dificultades para la atracción de capital extranjero, que plantearía la conversión de Puerto Rico en una república.El «voto útil» es una ratificación, cada cuatro años, de la lealtad al colonialista Partido Popular Democrático, que realmente no le produce votantes adicionales. Esto último porque se trata, principalmente, de unos sectores movidos por un nacionalismo inconsecuente que, para todos los efectos, forman parte de su base electoral desde la década de los ’80 del siglo pasado. Cada cuatro años tendrán una razón u otra para votar bajo esa formación política. Y así continuarán, por el resto de sus días, mientras no se resuelva el dilema colonial de Puerto Rico.Durante las últimas campañas electorales, —2004, 2008, y 2012—, el PPD ha hecho énfasis en discursos populistas y neonacionalistas, en un intento de atraer los votos de sectores del nacionalismo y de la izquierda isleña, que aún no han hecho su ingreso bautismal a la masa electoral de ese partido mediante el «voto útil». Lo cierto es que el PPD apuesta cada cuatro años a este sector como su retaguardia política, ante el hecho de que la base electoral del PNP es mucho mayor que la suya, si no está dividida por las luchas de poder en su interior.

El problema que le plantean estas campañas al PPD, es que promueven unos discursos populistas que luego son utilizados contra los propios candidatos ganadores, como ha sido el caso de García Padilla, a manera de chantaje, en la selección de funcionarios de la administración, o en las medidas concretas a ser tomadas como gobernante. Es por eso que señalé previamente que el señor gobernador está inmerso en un lodazal; en sus manos está salir del atascamiento, adoptando aquellas medidas necesarias en la presente situación de la isla, y respetando la voluntad anticolonialista de la ciudadanía.

Voluntad, esta última, que fue contundentemente expresada en la consulta, sobre las preferencias del electorado en cuanto a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, llevada a cabo conjuntamente con las elecciones de noviembre de 2012, para escoger al gobernador, y otros funcionarios.

En éstas se rechazó el presente arreglo de carácter colonial, y resultó victoriosa la opción de la Estadidad (como indiqué anteriormente, la integración política y jurídica plena de Puerto Rico a los Estados Unidos, y no parcial, como ocurre en el presente), frente a la Independencia (la constitución de una república independiente), y frente al llamado Estado Libre Asociado Soberano, una alternativa carente de definición y contornos concretos en cuanto a la relación de la isla con la metrópolis.

Aunque los resultados de esta consulta pretenden ser distorsionados y eludidos por el PPD, éstos no pueden ni deben ser obviados por el señor gobernador García Padilla al momento de considerar el problema del «estatus», es decir, de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Ante la debacle del modelo colonial de Puerto Rico, se hacen necesarias decisiones firmes, y voluntad sincera, para impulsar cambios sustanciales. Las primeras expresiones, y los primeros gestos, del gobernador García Padilla frente a su primer gran “issue”, sin embargo, no resultaron en modo alguno auspiciosas.

Desafortunadamente, tras llegar a la gobernación, García Padilla no asumió su rol de «jefe de Estado» con prontitud, ni comunicó con claridad la política pública de su administración sobre importantes asuntos que requerían atención urgente. El flamante gobernador, por el contrario, se dedicó a realizar una serie de manifestaciones populistas —llegó a señalar la posibilidad de no honrar los bonos emitidos por Puerto Rico, pues «no gobernaría para los bonistas»— las cuales constituían invitaciones directas para que, de una buena vez, se clasificara a Puerto Rico como una zona de alto riesgo para inversión, y se produjera definitivamente la degradación de sus bonos, con lo que todo ello planteaba, y plantea, para la maltrecha economía colonial.

Tal fue el caso de la alianza del sector público con el privado para dar una solución a la crisis financiera de la Autoridad de Puertos, y de la operación del aeropuerto «internacional» Luis Muñoz Marín, el principal de la isla. En el proceso, García Padilla intentó mantener su imagen de nuevo líder populista, asegurándole «al país» que desharía el contrato con la empresa privada a la que se le había otorgado la operación del aeropuerto. En otras palabras, el señor gobernador amenazó con rescindir un acuerdo bajo el cual se pagarían «al país» 600 millones de dólares, necesarios para pagar una deuda de 900 millones de la Autoridad de Puertos con el, esencialmente descapitalizado, Banco Gubernamental de Fomento. Este pago, de hecho, se produciría de inmediato tras la firma finalmente del contrato.

Antes de su comparecencia pública del 26 de febrero de 2013, García Padilla se pasó unos días en Washington, D.C. Es posible que allí los asesores de Casa Blanca le indicaran que el Presidente Barack Obama no desautorizaría a la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ya había aprobado la transacción, para apoyar su envalentonamiento; y que, como producto del secuestro o confiscación fiscal, no podría contar ampliamente con el presupuesto federal, además de que el aeropuerto Luis Muñoz Marín ya había sido incluido entre los que sufrirían recortes operacionales drásticos a partir del 1 de marzo.

Para sorpresa de muchos, al llegar a Puerto Rico, y presentarse ante la prensa, —una hora más tarde de lo anunciado—, García Padilla hizo algunas manifestaciones inconsecuentes, con el inocuo objetivo de distinguirse del gobernador anterior, y finalmente anunció, con todo el dramatismo y apariencia de severidad necesarios, y a pesar de todas sus manifestaciones previas, la determinación de que ¡se habría de firmar el contrato! Luego de ello, sonrió ante las diferentes preguntas de la prensa.A pesar de las erráticas ejecutorias de García Padilla, el reto de todos los sectores políticos y ciudadanos es promover una discusión pública cordial, seria, y franca, aunque sin dejar de ser crítica, sobre las medidas necesarias para intentar sacar a Puerto Rico de su crisis económica y fiscal.

Ese el reto que se impone, por ejemplo, en el caso del Plan para detener el descalabro del Sistema de Retiro de los empleados del gobierno, anunciado el pasado 27 de febrero por la señora Secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el señor Director del Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer.Otro tanto ocurre con la propuesta de enmienda del Código de Rentas Internas Federal, a los efectos de incluir una sección 933A, que acepte como corporaciones domésticas a las empresas norteamericanas ubicadas en la isla, lo cual les permitiría beneficiarse de los nuevos incentivos de la administración de Barack Obama.Ante éstas, y otras propuestas, lo correcto es rechazar las garatas vacuas, y específicamente, los ataquesoriginados en intereses estrechos, tanto partidistas como sectoriales, con el propósito de hundirlas, como a buques, en las guerras navales de quienes juegan a la política en Puerto Rico, a costa de la ciudadanía, a costa del pueblo puertorriqueño.

El objetivo debe ser la colaboración crítica, así como la denuncia, cuando ello sea necesario, como corresponde a toda oposición política. Esto requiere sobriedad, honestidad, y disposición al diálogo franco, de parte de quienes no coincidimos ideológicamente con el PPD, ni apoyamos el colonialismo, así como flexibilidad, respeto a la disidencia, y apertura al consenso, por parte de la administración de turno en el gobierno.

Esta postura es la misma que asumí en el pasado ante los esfuerzos de la administración del gobernador Luis Fortuño. Respecto a éstos insistí —como muchas otras personas— en la necesidad de trascender los intereses políticos estrechos, y generar una concertación social para enfrentar la crisis fiscal y económica. La realidad, sin embargo, y como ya sabemos, fue otra.Sus medidas y propuestas fueron torpedeadas y objeto de un rechazo, irracional y constante, por éste ser un gobernante estadista; por la ignorancia de los sectores opositores de prácticamente todo lo referente al funcionamiento de las finanzas del gobierno, y a la economía en general; y peor aún, como consecuencia de la demagogia de quienes, a pesar de ser conscientes de que su programa era razonable, en el marco de las dificultades y circunstancias que tuvo que enfrentar, se dedicaron de manera militante a obstaculizar su administración. Sectores, estos últimos, encabezados por la oligarquía criolla que controla los medios de comunicación, las finanzas y otras actividades económicas esenciales en la isla.Por su parte, los sectores que apoyaron a García Padilla con el “voto útil”, aquellos que desde su propio campo ideológico hoy se le enfrentan, y los presuntos radicales de siempre, son los mismos que rechazaron, durante la administración Fortuño, la discusión racional de la grave situación que enfrentaba, y sigue enfrentando, la sociedad puertorriqueña. Estos sectores deberían indicar hoy, con toda claridad, cuáles son sus alternativas concretas ante la crisis fiscal y económica de Puerto Rico.

García Padilla se enfrentará durante los próximos cuatro años a duras y diversas disyuntivas. La primera de ellas la plantea la caótica situación económica, y el hecho de que, para enderezar el rumbo, inevitablemente se tendrán que tomar medidas impopulares. Ello, de inmediato, entrará en contradicción con los discursos de su campaña electoral.

La segunda de ellas vendrá del interior de su propio partido que, a pesar de la irracionalidad evidente de sus posiciones, seguirá insistiendo en el oportunismo de los discursos populistas. En este flanco, el señor gobernador tendrá que enfrentar, a su vez, a los elementos que aspiran a sustituirle tan temprano como en las elecciones del año 2016.Como Damocles, tendrá sobre sí la espada del pequeño monstruo del populismo neonacionalista que apoyó en sus discursos durante su campaña; un engendro que aspira a maniatar y mantener confiscado al gobierno, mediante el chantaje electoralista. Este sector acechará a García Padilla y su administración, recordándole sus discursos de campaña, e intentado generar situaciones que le coloquen ante el dilema de tener que comprometerse más aún con el discurso populista y antiamericano.

En consecuencia, Puerto Rico está bajo la amenaza de una administración gubernamental ambivalente, sin un norte definido, y secuestrado por los efectos de la demagogia electoralista de sus gobernantes. Ante la crisis en la isla, la pregunta es si García Padilla tendrá el valor político de adoptar medidas antipáticas para la ciudadanía, —sin importarle el impacto electoral que puedan tener—, cuando venga obligado a hacerlo.

Frente a todas estas disyuntivas, y situaciones políticas, el señor gobernador podrá adoptar posiciones firmes, a tenor con la seriedad de la crisis histórica que atraviesa Puerto Rico, siendo consciente, además, de que los resultados de la consulta plebiscitaria, conforme a los cuales fue rechazada la actual relación colonial con los Estados Unidos, y fue respaldada la estadidad como solución, no podrán ser borrados por actos de magia retórica.

O como Nikita, podrá sencillamente sonreír…

Posted by Eric Alvarez at 8:06 p.m. Tópicos y secciones: Alejandro García Padilla, Crisis, Luis Fortuño,nacionalismo, neonacionalismo, Puerto Rico, Reflexiones líquidas (Artículos Breves y Ensayos)

22 de marzo de 2013

2:07 p.m.

Las críticas a la gestión gubernamental que realizó el jueves el derrotado candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Rafael Cox Alomar, son comentarios de “buena fe” que surgen de una preocupación por el país.

Así lo aseguró esta mañana el senador popular, José Rafael Nadal Power.

“Creo que las hace de la mayor buena fe. La situación con la cual nos encontramos todos cuando llegamos al gobierno no es nada sencilla y yo, pues, le recuerdo que si él hubiese ganado las elecciones estaría en los zapatos nuestros tomando decisiones muy complicadas que no son de fácil solución”, afirmó el político a su llegada a La Fortaleza para participar en una reunión donde se discutirá la reforma al Sistema de Retiro.

“Hay que pensar las cosas. A veces no se toman las decisiones tan rápido como uno quisiera por la complejidad de los asuntos y porque hay que escuchar a todas las partes”, agregó.

Ayer, Cox Alomar lanzó dardos a los primeros meses de gestión de la administración del gobernador Alejandro García Padilla, a quien acompañó en la papeleta en las pasadas elecciones.

Según el abogado, el gobierno de García Padilla no toma decisiones contundentes y “dice una cosa hoy y otra cosa mañana”.

El abogado, quien perdió en su intento por ocupar el cargo de Comisionado Residente en las elecciones pasadas, también criticó la privatización del aeropuerto, que no se adelante la prometida reforma legislativa y que no se tomen determinaciones contundentes para resolver la crisis de Retiro, entre otros asuntos.

“Para poder tomar una decisión responsable a veces hay que esperar un poco más y cuando uno entra al gobierno se da cuenta de estas cosas. Creo que Cox hace los comentarios de buena fe porque está preocupado porque los primeros tres meses de gobierno pues han sido duros, de tomar decisiones difíciles, pero todas las decisiones las hemos tomado con la seriedad con el mayor sentido de responsibilidad y sobre todo con la sensibilidad que se requiere”, concluyó Nadal Power.