El representante popular, Luis Vega Ramos, cuestionó en NotiUno en la Mañana la intención del senador federal Orrin Hatch al darle un ultimatum al Gobierno local para que provea información financiera y le imputó jugar “sucio” con Puerto Rico al solicitar evidencia economica al gobierno y al mismo tiempo legislar una Junta de Control Fiscal para la Isla.
AGP: “El horno no está para galletitas”
El gobernador Alejandro García Padilla colocó ayer a los legisladores de su partido en un camino de una sola vía: “o reestructuramos y revitalizamos la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o la perdemos”, al minimizar las preocupaciones de quienes se oponen a que se apruebe el proyecto de ley en la Cámara de Representantes.
“El horno no está para galletitas. Esto es un asunto serio… se nos va el país y tienen que entenderlo. Este es de los problemas que sacan canas, que no son para populistas”, ripostó durante una conferencia de prensa en el Palacio de Santa Catalina horas antes de que la Cámara de Representantes no pudiera bajar a votación el proyecto de reestructuración de la deuda de la corporación por falta de votos.
Como un ejercicio de presión contra los representantes de mayoría que se han expresado en contra de la medida, García Padilla aseguró que “si nosotros no revitalizamos la AEE, compatriotas, los acreedores pueden ir a la Corte, el Tribunal (puede) nombrar un síndico y para el pago de la deuda aumentar la factura sin que el gobierno tenga nada que decir”.
Algunos de los opositores entienden, sin embargo, que un litigio en un tribunal de jurisdicción competente en Puerto Rico conforme a lo estipulado en la Ley orgánica de la AEE será de mayor beneficio que reestructurar la deuda bajo los términos negociados entre los acreedores y la corporación en reuniones privadas. De hecho, ayer entrada la noche los legisladores de la mayoría en la Cámara seguían reunidos en caucus discutiendo la medida.
El acuerdo firmado el 27 de enero, y vigente al día de hoy, plantea que los acreedores podrán emitir deuda nueva en sustitución de la deuda existente con la garantía de que exigir el cumplimiento de los pagos no solo al gobierno y la corporación pública sino también a los clientes.
En entrevista previa con EL VOCERO, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Ramón Luis Nieves, se había mostrado esperanzado de “que no tengamos que llegar a los extremos (de congelar cuentas o embargar propiedades). Obviamente, las leyes tienen que prepararse para el peor de los casos”.
Aunque en el proyecto trabajado por Nieves y el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, se enmendó la disposición que convertía a los clientes en codeudores, no se hizo lo mismo con el acuerdo con los acreedores que al día de hoy sigue leyendo: “cada resolución o propiedad de reestructuración, el mecanismo de ajuste y todas las demás obligaciones de la Corporación serán directa, explícita, irrevocable e incondicional con la emisión de los Bonos de reestructuración, legalmente exigible frente al Estado Libre Asociado, la AEE, la Corporación (de Revitalización) y los clientes”.
El gobernador justificó que se pague el 85 por ciento de la totalidad de los bonos en el caso de los grupos Ad Hoc y 100 por ciento en el caso de las aseguradoras o “monolines”, debido a que cualquier ahorro es bueno y la matemática simple dicta que “cien menos quince no es más de cien. Cien menos quince es 85 hasta en Coamo”.
“Mi gobierno decide reestructurar la deuda, consigue un ahorro de 15 por ciento y los que nunca dieron un tajo por reestructurar la deuda, dicen: ‘si yo lo hubiera hecho, hubiera conseguido más’. (Se ríe), hay que ser olímpico”, contestó.
El descuento negociado con el grupo Ad Hoc representa $600 millones de principal de una deuda de $4,000 millones, por lo que respecto a la deuda total de $9,000 millones de la AEE representa 6.67 por ciento de descuento del principal.
García Padilla resumió como bondades de este proyecto el que se permite que la operación de la AEE permanezca en manos del Estado, que no hayan despidos de empleados y que se adquiera la línea de crédito necesaria para comprar el combustible que evitaría que la corporación se quede sin dinero para funcionar o que ocurran apagones en negocios y residencias.
Otras bondades recalcadas por los favorecedores de este proyecto son los cinco años de moratoria al pago del principal de la deuda, lo que permitiría invertir en mejoras a la infraestructura para reducir los costos de producir energía en Puerto Rico.
Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, recalcó a Inter News Service que los dinero cobrados a los abonados que ahora van dirigidos a mantener las operaciones de la empresa de energía, cuando se apruebe el proyecto la prioridad será pagar la deuda a los bonistas “y lo que sobre va para las operaciones de la empresa”.
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