LOÍZA – El gobernador Ricardo Rosselló rechazó tajantemente la posibilidad de que el tranque con la Junta Federal de Control Fiscal por las finanzas locales termine en una corte de quiebra, donde sería un juez federal quien disponga de los bienes del País y decida cómo reestructurar la deuda pública.

Esta opción está contenida en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) y es impulsada por Antonio Weiss, exasesor del Departamento del Tesoro federal, quien en una columna publicada el jueves en el medio especializado Bloomberg dijo que el plan fiscal presentado por la administración Rosselló responde a “falsas expectativas”.

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Durante las vistas congresionales en las que se discutió Promesa, fue Weiss quien se sentó a nombre de la administración del entonces presidente Barack Obama a defender la aprobación de esta legislación, que se convirtió en ley el 30 de junio de 2016. Ahora, como profesor de la Universidad de Harvard, insistió en aplicar la sección que garantiza una reestructuración de la deuda por vía judicial.

“No puedo concebir cómo alguien entiende que la alternativa para una jurisdicción es irse a la quiebra. Que en algunos momentos y en algunas circunstancias, si no hay otro remedio, eso sea lo que termine pasando, eso es una cosa. Pero tratar de proponer esto como la alternativa para echar a Puerto Rico hacia adelante, eso yo no creo que haya mucha gente que apoye esa dirección”, dijo ayer Rosselló.

A pesar de la invitación del gobernador a la junta federal a sentarse para discutir las diferencias sobre el tamaño del déficit y cómo atenderlo, la comunicación continuó ayer estrictamente por cartas. El primer ejecutivo envió otra misiva al ente fiscal en la que insiste en que su plan fiscal cumple con el objetivo de Promesa de garantizar los servicios esenciales.

Insiste en el diálogo

Además, el mandatario reiteró su disponibilidad “a discutir cualquier asunto referente al plan fiscal para garantizar el cumplimiento con Promesa mientras proveemos medidas que aseguren el bienestar de la gente de Puerto Rico y aseguren un desarrollo económico muy necesario, lo cual es un elemento clave para resolver nuestra crisis fiscal”.

En conferencia de prensa ayer, insistió en la importancia del diálogo, dejando entrever que sus invitaciones anteriores con este propósito no han sido respondidas por el ente federal, que se reúne este lunes en Nueva York para aprobar, rechazar o enmendar el plan fiscal del gobierno.

El jueves, el presidente de la junta, José Carrión III, le envió una carta a Rosselló en la que le dio un plazo de 48 horas (que vence hoy a las 9:00 a.m.) para que revise el plan fiscal o de lo contrario no lo certificará. En esa última comunicación, el organismo federal concluyó que el plan descansa en una proyección irreal de crecimiento económico y que el gobierno subestimó gastos de entre $360 millones y $810 millones para este año fiscal.

En la misiva, Carrión presentó nuevas recomendaciones en las que se destacan: reducir las nóminas de las ramas ejecutiva y legislativa, ampliar el recorte financiero de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a $450 millones al 2021 y mayor reducción al gasto del sistema de salud.

Al cierre de esta edición, la carta que Rosselló envió ayer es la única respuesta a las últimas condiciones que impuso la junta.

“Nuestro equipo está disponible y está trabajando. Los estimados de la junta fueron establecidos de forma equivocada y estamos en disposición de sentarnos a la mesa. Si hay una alternativa que no se ha contemplado, que es mejor para Puerto Rico, la consideramos. Pero tiene que ser algo que vaya en la dirección de mejorar a Puerto Rico”, afirmó. “Hago un llamado a la cordura, a ser racional, sentarnos, que la evidencia dicte y ser fiscalmente responsables”.

Al igual que la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, el gobernador cuestionó la propuesta de recortarle $450 millones al centro docente. “Creo que tiene una pregunta legítima de cómo, de lo que era un estimado de $300 millones de reducción propuesta, de momento son $450 millones en reducción. Creo que es una pregunta legítima. Para mí no está claro por qué ha ocurrido eso. Ya nosotros hemos estado dando pasos para que el asunto de la UPR, en vez de ser uno de reducción de gastos, sea uno de aumento de ingresos”, aseveró Rosselló.

Sobre la resolución aprobada en el Senado para que el Congreso investigue las finanzas de los miembros de la junta, el gobernador se limitó a decir que “cualquier elemento que traiga claridad siempre es favorable. Si tenemos cuentas claras, se pueden tomar decisiones mejores”.

Encuentro en Loíza

El gobernador ofreció sus declaraciones luego de la celebración de un conversatorio sobre temas relacionados a la Ley de Igualdad Salarial y los servicios que ofrece la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. El evento formó parte del programa Contacto con el Pueblo, esta vez dentro del marco de la Semana de la Mujer. Rosselló estuvo acompañado de la procuradora de las Mujeres, Ileana Aymat.

Rosselló fue recibido por la alcaldesa popular Julia Nazario Fuentes, quien en las pasadas elecciones derrotó al entonces alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Eddie Manso.